La intervención del Estado en casos de violencia de niñas, adolescentes, mujeres indígenas y campesinas

El juez del Chaco Gonzalo García Veritá participó del ciclo de videoconferencias organizado por la OM

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2 de julio de 2025

Gonzalo García Veritá, juez de Niñez, Adolescencia y Familia N°.1, de la sexta circunscripción judicial del Poder Judicial de la provincia del Chaco, disertó sobre niñas, adolescentes y mujeres indígenas y campesinas víctimas de violencia. La videoconferencia, organizada por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se realizó por Zoom el 25 de junio de 2025.

Durante su presentación, subrayó la importancia del Convenio 169 de la OIT. Planteó la necesidad de crear mecanismos para la protección de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y campesinas, en el contexto de la amplia ruralidad y grupos históricamente vulnerabilizados. “Aunque el Convenio 169 no tiene jerarquía constitucional, es el principal tratado internacional que reconoce los derechos indígenas en el marco constitucional argentino”, señaló.

García Veritá definió a la interculturalidad en materia judicial como “una Justicia orientada al reconocimiento de la diversidad cultural, capaz de entender cómo los patrones históricos afectan la participación y el reconocimiento de derechos”. En ese sentido, destacó la necesidad de definir un marco normativo, político e institucional para la protección de niñas y de mujeres campesinas e indígenas. Asimismo, advirtió sobre la importancia de garantizar la intervención de intérpretes judiciales indígenas como una estrategia de protección transversal que pueda interpelar, por ejemplo, los diálogos de revisión asimétricos en un juzgado laboral.

También sostuvo que “la dinámica democratizadora del Poder Judicial se ve afectada por la falta de vigencia de derechos si no somos capaces de garantizar el derecho a una vida digna y libre de violencia”. El expositor también reflexionó sobre la efectividad de las medidas judiciales tradicionales en contextos de amplia ruralidad y propuso la participación de organizaciones comunitarias y referentes indígenas en la implementación de estas medidas.

La exposición concluyó con una invitación a la reflexión colectiva sobre cómo garantizar la protección de derechos en contextos de diversidad cultural y amplia ruralidad, destacando la importancia de la interculturalidad y la perspectiva de género en la administración de Justicia.